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4-03-2020
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Nueva sentencia judicial por impagos del año 2012 de casi 200.000 euros que debe abonar el ayuntamiento en los próximos días
Dos nuevas sentencias judiciales sacuden y convulsionan las cuentas actuales del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias


En concreto se trata de dos procedimientos de Ejecución de Sentencia por intereses de demora que se suspendieron y guardaron en la legislatura 2012-2013 siendo alcalde el socialista José Luis García, actual diputado en la Asamblea de Madrid en representación del PSOE, porque al parecer existía un presunto acuerdo entre las partes (empresa/ayuntamiento) que incluía un plan de pagos del que nunca nadie llegó a enterarse porque, según los servicios jurídicos, era un “tema que llevaba personalmente el alcalde de la época”.

La sorpresa viene ahora, ocho años después, cuando la empresa afectada del impago (CESPA) encargada de la recogida de residuos en el municipio, insta de nuevo a la ejecución de la sentencia.


Lógicamente y habiendo consultado al equipo de gobierno, nadie conocía ni la sentencia, ni el supuesto acuerdo de pago prorrateado alcanzado en 2012.


Según parece, el mismo no debe haber sido reconocido por la empresa afectada, al instar al Ayuntamiento a ejecutar el pago de la sentencia de manera casi inmediata.


En estos momentos y como conclusión, San Martín de Valdeiglesias a cargo del dinero de todos sus contribuyentes debe hacer frente de manera inmediata al pago de esta sentencia del año 2012, con cantidades que casi alcanzan los 200.000 euros, distribuidos en dos procesos de 31.000 y 141.000 euros respectivamente.


Según ha podido averiguar este periódico, para hacer frente a estos pagos de manera responsable e inmediata, la alcaldesa actual Mercedes Zarzalejo y con el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos, debe eliminar por completo la partida dedicada al fondo de contingencia, que es el fondo que dedican todos los Ayuntamientos de España en el que se incluyen los créditos necesarios «para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente». Por ejemplo, inundaciones, incendios, catástrofes naturales etc…


El problema actual es que el fondo de contingencia tiene una partida presupuestaria de 31.000 euros, lo cual resulta insuficiente para sufragar el total de la sentencia.


El pago debe hacerse en un máximo de diez días, por lo que deberán conseguirse los fondos, restándoselos a otras partidas presupuestarias o bien acudiendo a la financiación externa, es decir endeudando considerablemente al vecino del municipio.


Si a este panorama, le añadimos el pago de la sentencia judicial por la pérdida de la propiedad del Castillo, así como el resto de procedimientos abiertos por responsabilidad patrimonial de gobiernos anteriores al año 2019 que previsiblemente resultarán también gravosos al Ayuntamiento, hacen que se prevea una alta dificultad en la gestión económica del actual equipo de gobierno y valorar, quizás más, si cabe, los esfuerzos y dedicación que diariamente dedican al pueblo con el propósito de devolverle la normalidad y solvencia que sus cuentas precisan.



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